SOBRE EL SUBSIDIO A LOS COMBUSTIBLES
Diego Hurtado Vázquez
Quito Para Todos
Últimamente se ha vuelto a topar el tema de los subsidios, hablándose de
subsidios buenos y malos. Se entiende por subsidio bueno el que favorece a los
que realmente lo necesitan, al que vive en condiciones de pobreza y que necesita
que el estado, municipio o institución le subsidie ciertos gastos. Un subsidio
se lo considera malo cuando este favorece, por razones políticas, de intereses
de grupo o mal manejo de información a los que no lo necesitan, a los que pueden
pagar.
En muchos casos se argumenta que existen “dificultades” de focalizar un subsidio
para los que realmente necesitan y eso hace que se tome decisiones de subsidiar
a los que son y los que no son.
Uno de estos casos es el que tenemos con el subsidio a los combustibles, el cual
se estima que llega a costarle al estado, alrededor de dos mil millones de
dólares al año, favoreciendo en gran medida a los que no lo necesitan y esto lo
vuelve un subsidio malo.
Tomemos el ejemplo de lo que pasa en Quito. La mayoría de la población en la
ciudad, alrededor del 80%, se moviliza en transporte colectivo, a pie o en
bicicleta, el 20% restante lo hace en automóviles privados, con un factor de uso
de 1,3 pasajeros por auto, lo que implica que muchas familias, las de mayores
recursos utilizan un automóvil para cada miembro de la familia. Al subsidiar la
gasolina estamos favoreciendo a esa minoría que no lo necesita.
Focalizar un subsidio en este caso es muy fácil; si quitamos el subsidio a la
gasolina y al diesel, basta con focalizar el subsidio en el transporte colectivo
y el transporte de carga, con eso evitamos que se suba los costos de
transportación y se elimina cualquier posibilidad de que al eliminar
el subsidio al combustible, se genere una subida en los costos de los productos
transportados, lo cual es usado como argumento para negar cualquier alza de los
combustibles. El transporte colectivo, como el transporte de carga, para poder
funcionar, deben estar registrados en la EMSAT, Dirección de Tránsito u otras
instituciones, por lo que es fácil ubicar al propietario de esa unidad, el cual
recibiría un subsidio directo, que cubriría el incremento del costo del
combustible. Se podría subsidiar también el combustible utilizado para las
centrales termoeléctricas, para la pesca, taxis, transporte escolar, sector
industrial, etc. Es decir, los que dejarían de recibir el subsidio serían tan
solo los automóviles privados y los vecinos de las fronteras que vienen a cargar
combustible en nuestro país.
Existen alrededor de 800.000 vehículos privados en el país, los cuales podríamos
estimar conservadoramente que cada uno recibe en promedio, un subsidio anual de
combustible de 500 dólares. Es decir, el monto que el estado podría recuperar al
quitar el subsidio para los autos privados es de alrededor de 400 millones de
dólares. Con este dinero se podría invertir en proyectos de movilidad
sostenible, como el mejorar el sistema de transporte colectivo con trolebuses no
contaminantes, invertir en ciclovías, aceras, parques y espacio público
peatonal. Esta cantidad recuperada al eliminar el subsidio a los autos privados
es tan alta, que incluso podríamos llegar a bajar, los costos del pasaje. En
Hasselt, Bélgica, por ejemplo el transporte colectivo es gratis y ello ha hecho
que su uso se incremente en un 80%.
El miedo a tomar una decisión al respecto, es una de las causas para mantener el
precio actual. Sin embargo, si la población dispone de argumentos en los cuales
se puede ver claramente que es posible focalizar el subsidio a los combustibles
y de que este dinero recuperado va a ser dirigido en beneficio social, como
sería el mejorar la movilidad en la ciudad, obteniendo un mejor servicio de
transporte y a un menor costo, como por ejemplo el que la mayoría de los
ciudadanos podamos movilizarnos por toda la ciudad, en forma cómoda y segura con
el costo de un solo pasaje, gracias a que el sistema integrado de transporte así
lo facilita, haría que el eliminarlo no sería problemático. Inclusive los dueños
de los automóviles, a los que podría afectarles una medida de este tipo, lo
aceptarían gustosos al saber que pueden dejar el auto en casa porque tendrían un
sistema de transporte colectivo bueno, cómodo, eficiente y barato que les
ahorraría mucho tiempo y dinero en su movilidad.
Además del beneficio económico y social como resultado de eliminar el subsidio,
tendríamos el beneficio ambiental, ya que menos autos saldrían a circular y más
personas usarían el transporte colectivo, saldrían en bicicleta y caminarían,
reduciendo de esa manera notablemente los índices de contaminación, de
congestión vehicular, y recuperando espacio para la gente. Y estaríamos haciendo
justicia, cumpliendo con esa premisa de que el que más contamina debería ser el
que más pague. En otros países no solo que no hay subsidio a la gasolina, sino
que además hay un impuesto a la misma que va dirigido a proyectos ambientales,
tal es el caso de Costa Rica.
Así que bien manejado, el eliminar el subsidio a la gasolina no solo que puede
ser aceptado por la sociedad, sino que puede ser una medida popular y
reivindicativa de los ciudadanos.
